No existe ninguna definición legal para este tipo de viviendas, pero sí se puede encontrar este término en el Instituto Nacional de Estadística (INE): "Una vivienda familiar se considera desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas deshabitadas".
Según diferentes comunidades autónomas, existen ciertos requisitos a cumplir para que una vivienda sea considerada vacía. Por ejemplo, el Observatorio Vasco de Vivienda declaró que, si una vivienda permanecía desocupada durante más de dos años, se consideraría como "deshabitada".
También existen excepciones, como que este último punto no se aplicará en casos justificados de desocupación como segundas residencias o intención de alquiler, entre otros.
El Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, aprobó el pasado mes de febrero, en el Consejo de ministros, la remisión a las Cortes del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
Esta normativa pretende la regulación de los precios, e incluye un impuesto para las viviendas vacías desocupadas injustificadamente durante más de dos años a través del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150%. "El objetivo es, desincentivar la desocupación de pisos", según el Ejecutivo central.
Este impuesto fluctúa, puesto que va ligado al valor catastral del inmueble, y son los ayuntamientos los encargados de calcularlo. Aun así, existe un límite exigido por el Gobierno; entre el 0,4% y el 1,3% del valor catastral.
Por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció hace algunas semanas que rebajará este impuesto hasta el mínimo legal (0,4%) para 2023. "Una medida que ahorrará 110 millones de euros", según afirma el político.
Existen varias desventajas por tener en propiedad una vivienda en estas condiciones. Entre ellas están las siguientes:
No existen datos oficiales actualizados sobre cuál es el número de viviendas vacías que hay actualmente en España. El último dato oficial se encuentra en el Censo de Población y Viviendas 2011 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público en 2013. En aquel momento, el número alcanzó los 3,4 millones de unidades, lo que suponía un incremento del 10,8% frente a 2001, en el anterior censo.
Los datos del censo mostraban que, frente a los 25,2 millones de viviendas, el 13,7% de ellas estaban vacías. El 21,4% de las viviendas vacías, casi 736.900 unidades, estaban en edificios construidos en los últimos 10 años (2001-2011).
Según datos del INE, el 84,9% de las viviendas vacías se encontraban en buen estado, mientras que casi 520.000 casas vacías no eran aptas para ser habitables, un porcentaje peor que el de las viviendas principales o secundarias. De hecho, más de 151.000 se declaraban en estado malo o ruinoso.
El dato de cuantas viviendas de estas características había en el territorio nacional, variaba según la comunidad autónoma. Por ejemplo, entre 2001 y 2011, el número de viviendas desocupadas se incrementó en 336.943 unidades, pero en Baleares, País Vasco, Madrid y Cataluña, ese número disminuyó un -16,7%, -14%, -14,1% y -1% respectivamente.