El Congreso convalida la prórroga del impuesto a las fortunas y la suspensión de los desahucios
Desde @inmofacil intentando manteneros informados de la actualidad relativa al mercado inmobiliario os compartimos la última noticia que nos trasladan desde Idealista/news: Este decreto también incluye el IVA reducido a alimentos básicos o la prórroga temporal de las rebajas fiscales a la electricidad. Ha sido aprobado en segunda votación.
La primera sesión plenaria del Congreso de los Diputados del año, celebrada este 10 de enero, ha sido una prueba de fuego para el Gobierno.
Em este Pleno Extraordinario que se ha celebrado en la sede del Senado, puesto que el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo enero, se han debatido los decretos para la reforma del subsidio de desempleo y de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, recogidas en el último decreto ley aprobado por el Gobierno en 2023.
El Consejo de Ministros dio luz verde a los textos en diciembre, aunque el Congreso tenía un plazo de 30 días para convalidarlos o derogarlos.
Además de esos decretos, que incluyen medidas como las reducciones del IVA a la electricidad, incentivos para el transporte, la prórroga de la suspensión de los desahucios familias vulnerables y del impuesto a las grandes fortunas, el aumento de las pensiones, la modernización del sistema judicial o el incremento del subsidio por desempleo, también se han votado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Otro de los puntos del orden del día era el debate de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Empate técnico en la primera votación
Finalmente, la primera votación se ha saldado con diferentes resultados. Por ejemplo, se ha convalidado, con 172 votos a favor y 171 en contra, el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Este texto incluye la modernización del sistema judicial.
En cambio, el decreto anticrisis y los objetivos de estabilidad presupuestaria han terminado con un empate técnico de 171 votos a favor y 171 votos en contra, lo que ha obligado a repetir la votación sobre su convalidación o derogación.
Lo que sí ha quedado derogado en la primera vuelta es el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 diciembre, de medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, la reforma impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El decreto anticrisis, convalidado en segunda votación
En la segunda votación, el Congreso ha respaldado el decreto anticrisis gracias a los votos a favor de Podemos y a la abstención de Junts, a cambio de pactar con el Ejecutivo a última hora medidas como modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, establecer un tipo 0 en el IVA del aceite o la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat.
En concreto, el decreto anticrisis ha salido adelante con 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones. Además, el Congreso ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Así, ahora su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de presentación de enmiendas y su remisión a la comisión competente.
Estas son las medidas que han conseguido luz verde por parte del Congreso y las que han quedado derogadas:
Suspensión de los desahucios de familias vulnerables
Se prorroga la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables durante todo este año, así como la posibilidad de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario afectado hasta el 31 de enero de 2025.
Además, Podemos ha decidido apoyar ´in extremis´ el decreto de las ayudas anticrisis después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para suspender hasta 2028 de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.
En concreto, la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para familias vulnerables acordada con el Ejecutivo de coalición se articulará a través de una modificación de la de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Según ha explicado la líder de Podemos, Ione Belarra, el Gobierno se ha comprometido a tramitar el decreto como proyecto de ley, de manera que los diferentes grupos parlamentarios podrán plantear enmiendas y el objetivo es que dicho proyecto de ley se tramitará en un plazo máximo de seis meses.
Los morados también han planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2% el incremento anual de los alquileres tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, después de que el 1 de enero entrara en vigor el nuevo tope del 3%, y de limitar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos. A pesar de que no ha habido acuerdo con esas demandas, Podemos ha asegurado que seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto.
Prórroga del impuesto a bancos, energéticas y grandes fortunas
Estos impuestos, que se aprobaron en 2022 y que tenían una vigencia inicial de dos ejercicios fiscales (2022 y 2023), se han prorrogado durante todo este año. El Gobierno ha confirmado en las últimas semanas que estudia cambios en los tributos que gravan los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas, mientras que los economistas temen que el impuesto a las grandes fortunas, que ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional, termine haciéndose permanente.
IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites
Tras el visto bueno del Congreso al decreto anticrisis, se mantiene hasta mediados de año las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites de oliva y semillas.
Impuestos a la electricidad
La norma mantiene, durante seis meses más, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago y establece una reducción de tipos impositivos a determinados suministros de energía.
En el caso de la electricidad, el IVA seguirá en el 10% durante 2024 sobre todos los componentes de la factura. Para la factura del gas se aplicará el mismo gravamen del 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que para los sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción (pellets, briquetas y leña), la reducción se extiende hasta el 30 de junio.
Respecto al Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo se exigirá al tipo impositivo del 2,5%, y, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, al tipo impositivo del 3,8%. Por otro lado, se realizará una recuperación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), tras la mejora que está experimentando el precio en los últimos meses.
Bonificación al transporte
El texto también incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano durante todo 2024. En concreto, se subvencionará durante 12 meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.
Revalorización de las pensiones
El texto convalidado incluye también la revalorización de las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social y las del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado, con carácter general, del 3,8% del importe que tuvieran fijado para 2023, así como el límite máximo para las pensiones públicas, que se sitúa en 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 euros anuales.
Impacto recaudatorio
El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.
De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimentos básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.
Los objetivos presupuestarios, convalidados también en segunda votación
El Pleno del Congreso de los Diputados también ha avalado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para este año, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
En concreto, el acuerdo remitido por el Gobierno por el que se adaptan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas para este ejercicio ha quedado aprobado en segunda votación con 179 votos a favor y 171 en contra, tras un primer empate a 171 votos.
Así, se establece un objetivo de estabilidad presupuestaria para el año actual del -3% del PIB para las Administraciones Públicas. En concreto, del -2,7% del PIB para la Administración Central; de un -0,1% para las comunidades autónomas, del 0% para las entidades locales; y del -0,2% para la Seguridad Social. En cuanto a los porcentajes de deuda pública, se fija en 106,3% del PIB para el total de las Administraciones Públicas: el 83,2% para la Administración Central y Seguridad Social; el 21,7% para las comunidades autónomas; y el 1,4% para las entidades locales.
Asimismo, el Pleno ha aprobado el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores para hasta 2026.
La votación de estos objetivos se ha realizado con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados, porque el Ejecutivo no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024 por el calendario electoral y el posterior proceso de investidura.
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello, ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea, lo que se traduce en la cifra más alta de la historia.
Tumbada la reforma del subsidio por desempleo
El Congreso ha tumbado el real decreto que incluía la reforma de subsidio por desempleo, y que es necesaria para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation por importe de 10.000 millones de euros. En la votación en primera vuelta, la norma ha quedado derogada por 167 votos a favor y 176 en contra.
El decreto que aprobó el Gobierno a mediados de diciembre, y cuya entrada en vigor con carácter general estaba prevista para el 1 de junio de 2024, introducía los nuevos colectivos que pueden percibir el subsidio por desempleo, que es la ayuda destinada a las personas que han agotado o que no tienen derecho a la prestación contributiva de paro.
Dichos colectivos son los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
La reforma también aumentaba la cuantía del subsidio por desempleo durante el primer año de percepción y hacía compatible compatible con un trabajo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.
En concreto, la reforma aprobada por el Gobierno el pasado 19 de diciembre elevaba el subsidio, actualmente de los 480 euros actuales (el 80% del IPREM) hasta 570 euros durante los seis primeros meses (95% del IPREM) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del IPREM). Pasados esos 12 meses, la ayuda se quedaba en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
En el caso de los mayores de 52 años, el decreto mantençia la ayuda en el 80% del IPREM o 480 euros, pero incluía una rebaja progresiva de la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
Y ese ha sido precisamente el punto por el que Podemos ha votado en contra de este decreto. Como ha explicado Ione Belarra, el Ejecutivo no ha accedido a "retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años".
Sin embargo, desde el partido han emplazado al Gobierno a convocar mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo "sin recorte" para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor. Recordemos que la reforma del subsidio por desempleo es el último hito del componente 23 del Plan de Recuperación, por lo que su rechazo impide que España reciba de momento los próximos 10.000 millones de euros.
